Internas del CDP de Illapel expresaron inquietudes a profesionales de la Defensoría Penal Regional

Las mujeres condenadas pidieron asesoría jurídica para presentar sus postulaciones a beneficios intrapenitenciarios en marzo próximo.

Agradecidas se mostraron las seis internas condenadas recluidas en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Illapel luego de ser escuchadas y poder manifestar sus inquietudes y consultas durante un diálogo participativo que sostuvieron con profesionales de la Defensoría Regional de Coquimbo.

En la actividad, realizada en la escuela del penal, las internas se reunieron con Erick Astudillo, jefe (S) de Estudios y Fedora Tapia, encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD).

De entrada, el abogado expuso que la Defensoría Penal Pública ya no solo centra su misión en la asesoría jurídica a personas imputadas por un delito, pues tras casi 20 años de trabajo dentro del sistema de justicia criminal se especializó la prestación de defensa para ciertos grupos vulnerables de la sociedad, como personas migrantes, indígenas, adolescentes y condenadas, además de mujeres privadas de libertad.

DERECHO A BENEFICIOS
Astudillo añadió que las personas condenadas pierden su libre desplazamiento y algunos también sufren una merma de sus derechos civiles, pero aclaró que mientras cumplen sus sentencias tienen derecho a postular a beneficios intrapenitenciarios.

“Por eso estamos acá para conocer sus condiciones al interior de este penal, saber si tienen inquietudes, consultas e informarles también respecto de los deberes y derechos que tienen”, enfatizó.

Las necesidades de las reclusas apuntaron fundamentalmente a dos requerimientos: la revisión de sentencias anteriores, para saber si pueden obtener la unificación de penas, y conocer la documentación requerida para optar al beneficio de libertad condicional.

Respecto de sus condiciones de reclusión, las mujeres dijeron que en general son buenas, lo mismo que el trato que reciben de Gendarmería. Sin embargo, pidieron con urgencia gestionar con el alcaide una mejora en la atención médica -que calificaron como “mala”-, dado que no reciben medicamentos recetados por enfermedades crónicas y tienen pendiente la tramitación de citas con especialistas del hospital local.

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