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La Fiscalía demostró que la libertad de los imputados representaba un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad. Se ha establecido un plazo de investigación de 60 días.

El Juzgado de Garantía de Illapel dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a F.U.A.B. y P.J.J.V.; en internación provisoria a la adolecente C.A.J.R. y bajo arresto domiciliario parcial nocturno y prohibición de acercarse a la víctima y todo tipo de comunicación a la menor de edad V.A.P.H., imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de sustracción de menor y porte ilegal de arma de fuego. Ilícitos perpetrados a partir del lunes recién pasado.

En la audiencia de formalización, la magistrada Andrea Rojas Cortés ordenó la privación total de libertad de los adultos y de la menor de edad C.A.J.R., y parcial de V.A.P.H., por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad. Además, fijó en 60 días el plazo de investigación.

“El tribunal al resolver la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los dos imputados adultos, y de internación provisoria respecto de una de las adolescentes, no solo valoró hechos objetivos en relación a la gravedad de la pena asignada al delito, entendiendo que el mínimo de la sanción parte de 15 años y un día de privación de libertad, sino también las circunstancias especiales de comisión; siendo un hecho no menor que uno de los imputados mantenía un lazo de amistad previo con la víctima, y ese fue el factor que facilitó que se cometiera este delito, ya que la víctima no opuso resistencia. Pero aun así, llamó la atención la forma violenta que se comportaron los imputados con él”, sostuvo la magistrada.

“Se ponderó también por el tribunal, que la conducta desplegada por estos imputados por sí sola ya deja en evidencia que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Adicionalmente, se estimó que la libertad de los imputados también es peligrosa para la seguridad de la víctima. Por lo tanto, todo lo anterior claramente justifica que los imputados, por ahora, deben permanecer privados de libertad”, agregó.

Respecto de la segunda imputada adolescente, “El tribunal declinó, por ahora, decretar la medida de internación provisoria, ya que los antecedentes incorporados por parte del Ministerio Público fueron insuficientes para estimar que ella actuó concertada con los tres imputados”, concluyó.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 17 horas del 16 de octubre de 2023, P.J.J.V., F.H.A.B y C.A.J.R, previamente concertados y a bordo de un vehículo, se dirigieron al punto donde la víctima, un adolescente de 16 años, se reuniría con la imputada C.A.J.R., quien lo había contactado previamente. Al identificar su objetivo, los imputados descendieron del automóvil, apuntaron a la víctima con un arma de fuego y, a la fuerza, la obligaron a subir al vehículo para dirigirse hasta una cabaña ubicada en la comuna de Los Vilos, golpeando al menor constantemente con la empuñadura del arma y con los puños en su cabeza y rostro que, además mantenían cubierta para impedirle ver a sus captores y el camino por donde iban. Al llegar a destino, introdujeron a la víctima a la cabaña y le ataron de pies y manos.

Una vez en la vivienda, los imputados, que usaban máscaras y guantes, tomaron el teléfono celular de la víctima y realizaron una videollamada al padre, a quien exhibieron a su hijo golpeado, maniatado y apuntado con armas de fuego, exigiéndole la entrega de la suma de $150.000.000, amenazando con matarlo si no cumplía dicha exigencia.

Pasadas las 21.00 horas, el padre de la víctima realizó una primera transferencia a la cuenta de su hijo por la suma de $200.000, dinero que fue retirado por los imputados utilizando la tarjeta bancaria de la víctima, mediante dos giros por un total de $195.000, en un cajero automático ubicado en una estación de servicio en la Ruta 5.

Con el dinero en su poder, los imputados dejaron amarrada y encerrada a la víctima y se retiraron de la cabaña hasta la mañana siguiente. Al regresar al lugar, realizaron una nueva videollamada, pero utilizando otro aparato, al padre del menor cautivo para exigirle más dinero, por lo que realizó una segunda transferencia por la suma de $609.690, monto del cual los imputados giraron otros $200.000.

En horas de la tarde, los imputados decidieron cambiarse a otro lugar. En el trayecto, volvieron a golpear a la víctima, agresión que grabaron y enviaron al padre. En el camino, cambiaron de opinión y optaron por retornar a la cabaña de los Vilos. Inmueble donde dejaron una vez más al adolescente encerrado para dirigirse a la localidad de El Melón, donde recogieron a la coimputada V.A.P.H., quien, según la fiscalía, estaba en conocimiento de lo que estaban haciendo. En el trayecto de retorno compraron licor en una botillería de La Ligua, utilizando la tarjeta bancaria de la víctima. Bebidas alcohólicas que consumieron al llegar a la cabaña.

Finalmente, el miércoles 18 de octubre, los imputados se dirigieron a la comuna de Illapel por la Ruta 47, vía en que fueron controlados por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes al registrar el automóvil encontraron el arma de fuego, sin que los imputados contaran con autorización para su porte y tenencia, y el aparato celular utilizado para realizar las videollamadas. En dicho contexto, el imputado P.J.J.V. les informó a los policías el lugar donde mantenía a la víctima.

El Juzgado de Garantía de Illapel dejó hoy –jueves 19 de octubre– sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a dos de los detenidos por el secuestro de un menor de edad Illapel. Se trata de F.U.A.B. y P.J.J.V..

El Tribunal ordenó la internación provisoria a la menor de edad de iniciales C.A.J.R., y arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a la víctima y todo tipo de comunicación para la menor de edad V.A.P.H..

Se trata de los cuatro imputados por el Ministerio Público como autores del delito de sustracción de menores y porte ilegal de armas de fuego. Ilícitos que habrían perpetrado durante la semana, en la comuna.

En la audiencia de formalización, la magistrada Andrea Rojas Cortés ordenó el ingreso de los adultos al Centro de Detención Preventiva de la comuna, y de la menor de edad al Centro de Internación Provisoria de La Serena, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.

Además, fijó en 60 días el plazo de investigación.

La audiencia marca un momento clave en la búsqueda de justicia. Entre los 4 detenidos hay 2 son mujeres menores de edad.

Hoy, a las 16:00 horas, en el Juzgado de Garantía de Illapel, se llevará a cabo el control de detención de cuatro individuos, por su presunta participación en el secuestro de un menor, ocurrido el pasado lunes 16 en la comuna de Illapel. Entre los detenidos, que pasarán a control de detención, hay dos mujeres menores de edad.

La audiencia estará bajo la dirección de la Jueza Andrea Rojas Cortés y se espera arrojar luz sobre las circunstancias que rodean este inquietante caso.

El control de detención es un paso fundamental en la investigación de este delito de sustracción de menores, que conmocionó a la provincia de Choapa. Las autoridades trabajan arduamente para esclarecer lo sucedido y asegurar que se haga justicia en este caso.

La audiencia de control de detención será una oportunidad para evaluar las pruebas y determinar las posibles responsabilidades de los detenidos, brindando un paso más en la búsqueda de respuestas para la comunidad y la familia del joven secuestrado.

Detención

El fiscal jefe de Illapel, Andrés Villalobos, informó que personal de la Policía de Investigaciones dio finalmente con el paradero de un menor de edad, quien sería víctima de un hecho catalogado por ahora como “sustracción de menores”.

“Informamos que Brigada de Investigaciones Especiales de la PDI, específicamente la brigada antisecuestros realizó diligencias en la localidad de Pichidangui dando con el paradero de la víctima, quien fue trasladada a un centro de salud para constatar sus lesiones”, dijo Villalobos.

“Paralelamente se están efectuando diligencias, tomando en consideración que se logró la detención de individuos quienes serían los responsables de la sustracción de menores. Más antecedentes no podemos entregar porque se están realizando las diligencias necesarias con personal especializado para posteriormente poner a disposición del Tribunal de Garantía de Illapel a los imputados para su control de detención”, agregó.

La PDI rescató a un adolescente secuestrado en Illapel, deteniendo a cuatro personas y confiscando armas y teléfonos relacionados con el delito. La intervención coordinada y exitosa garantiza la seguridad del joven y refuerza la lucha contra la criminalidad en la región.

En un trabajo coordinado entre detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Metropolitana, la Brigada de Investigación Criminal Illapel de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Coquimbo, se logró un exitoso operativo de rescate de un adolescente de 16 años que permanecía secuestrado. El joven fue ubicado en buen estado de salud en el sector de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

La PDI informó que durante el operativo se detuvo a cuatro individuos en el lugar de cautiverio y se incautó un arma de fuego, así como teléfonos celulares desde los cuales se realizaron las llamadas extorsivas. Este despliegue policial permitió rescatar adolescentes al y detener a los presuntos responsables de este perturbador suceso.

El padre del menor había denunciado inicialmente el secuestro de su hijo de 16 años en la comuna de Illapel, Región de Coquimbo. El hecho habría ocurrido el pasado lunes, y la denuncia fue realizada en primera instancia ante Carabineros. El mayor de Carabineros, Ramón Palma, destacó la relevancia de este procedimiento a nivel nacional y mencionó que están trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía para llevar adelante las diligencias correspondientes.

“Es un procedimiento de relevancia, ya relevancia a nivel nacional. Por el secreto de la investigación, tenemos que ser extremadamente cuidadosos, no por un tema interno, sino que por el resguardo de las víctimas. Tomamos conocimiento y de acuerdo a lo que está establecido tomamos contacto con el fiscal de turno. Dispuso algunas diligencias para la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), pero sobre todo a la espera de personal especializado BIPE de la Policía de Investigaciones”, señaló Palma.

La rápida acción y el trabajo coordinado de las autoridades han permitido rescatar al joven secuestrado y detener a los implicados en este grave delito. Ahora, se espera que sigan realizando las investigaciones necesarias para esclarecer completamente los detalles de este caso y llevar a los responsables ante la justicia.

La BIPE Antisecuestro Metropolitana inició la investigación, para dar con el paradero del menor.

La noche del lunes en la comuna de Illapel, un padre de 58 años denunció el secuestro de su hijo de 16 años, dando inicio a una angustiosa situación que ha movilizado a las autoridades locales. Según fuentes cercanas a la investigación, aproximadamente a las 21:20 horas, el padre recibió una videollamada en su teléfono celular proveniente del número de su hijo.

En la videollamada, pudo ver a un individuo con el rostro cubierto, en compañía del adolescente. El delincuente afirmó que el joven estaba secuestrado y exigió una suma de $150.000.000 para garantizar su liberación. Posteriormente, cortó la comunicación, dejando al padre desesperado y preocupado por la vida de su hijo.

Hasta el momento, se desconoce la ubicación exacta de la víctima, generando una movilización urgente de las autoridades y la comunidad local. El padre contactó de inmediato a Carabineros de Illapel para reportar el secuestro y proporcionar los detalles necesarios para la investigación.

Siguiendo las instrucciones del fiscal a cargo, el equipo especializado en secuestros de la Policía de Investigaciones, la BIPE Antisecuestro Metropolitana, ha asumido la responsabilidad de liderar las diligencias investigativas del caso. La exigencia de un rescate tan elevado complica aún más la situación, añadiendo una capa de complejidad que requiere una respuesta coordinada y rápida de las autoridades.

Se espera que la investigación avance de manera eficaz y que se logre la liberación segura del joven secuestrado. La colaboración de la comunidad y el apoyo a las autoridades son cruciales para resolver este caso y brindar tranquilidad a la familia afectada.

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción La Serena analizó, durante cuatro jornadas, un total de 457 solicitudes, presentadas por el tribunal de conducta de Gendarmería de la región de Coquimbo, correspondiente a internos de los centros penitenciarios de La Serena, Illapel y Ovalle.

El presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar Bravo, en su calidad de presidente de la comisión, informó que en esta oportunidad fueron concedidas 21 solicitudes, es decir, un 4,6%, mientras que se rechazaron 436 peticiones (95.4%).

Las solicitudes acogidas corresponden a 16 del centro penitenciario de La Serena, 4 de Ovalle y 1 de Illapel.

El ministro destacó que se analizaron exhaustivamente todas las carpetas, verificando que cumplieran con las exigencias que señala la ley. “La comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de la Serena cumplió con el mandato ley del decreto 321, que establece esta medida respecto de las personas que hayan cumplido con 3 requisitos: a saber, el tiempo mínimo de la condena que dependiendo del delito puede ser la mitad o 3/4 de ella; contar con conducta intachable en el recinto penitenciario y que cuenten con informe favorable de Gendarmería de Chile”, indicó Pulgar.

Al respecto, el presidente del tribunal de alzada destacó que dicho informe es clave porque la ley plantea que solo con un informe favorable se puede otorgar el beneficio. “En este informe revisamos si la persona reconoce el delito, si reconoce la extensión del mal  causado, si existe un rechazo explícito a la comisión de nuevos ilícitos y, finalmente, si cuenta con una red laboral y familiar que permita que el recluso y la reclusa puedan contar con un apoyo que les permita disuadirlo de la comisión de nuevos ilícitos penales”,  enfatizó el ministro.

La comisión estuvo integrada además por las juezas orales Carol Sepúlveda, Ana Marcela Alfaro, Ana Karina Hernández y Jimena Pérez; el juez Alain Maldonado de Garantía y la secretaria del tribunal de alzada que actúa como ministra de fe.

Para postular los internos debe cumplir con una serie de exigencias, que se encuentran establecidos en el Decreto Ley N° 321 del año 1925 y entre los requisitos se encuentran: haber cumplido la mitad de la que se le impuso por sentencia definitiva, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple la condena o mantener una actividad laboral, y/o haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento.

El ministro Pulgar explicó que quienes obtienen el beneficio quedan sujetos al control de Gendarmería de Chile. “Un delegado se hace cargo de la persona en libertad, y le impone determinadas obligaciones, entre ellas se les impone un plan que considera reuniones permanentes, un domicilio fijo y la asistencia a talleres, atención sicológica, etc. Si la persona incumple algo de este plan, se le revoca el beneficio de la libertad condicional y vuelven al recinto penitenciario”. 

De acuerdo a lo establecido por ley, la comisión debe sesionar dos veces en el año, es así como en abril de 2023 fueron recibidas 380 solicitudes, de las que se otorgaron 10 (2,6 %); y en octubre del 2022 se recepcionaron 367, aprobando 59 (16,21 %).