El organismo fiscalizador cuestionó el uso de recursos municipales destinados a programas comunitarios para financiar el funcionamiento del equipo profesional durante 2024 y 2025. Además, observó otros $7,1 millones pagados a monitores, ordenó procedimientos administrativos y remitirá antecedentes a la Fiscalía de Illapel.

Un reparo por $164.917.391 formuló la Contraloría Regional de Coquimbo tras investigar el financiamiento municipal de Illapel Básquet durante los años 2024 y 2025, proceso que además derivó en instrucciones para poner término al esquema utilizado para financiar al equipo profesional y en el envío de antecedentes al Ministerio Público.

La revisión está contenida en el Informe Final N.º 620 y se originó tras una presentación realizada por el concejal José Luis Núñez, quien solicitó antecedentes sobre la relación presupuestaria y administrativa entre la Municipalidad de Illapel y el equipo de básquetbol.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que recursos asociados formalmente a programas comunitarios destinados a promover el básquetbol y desarrollar talleres territoriales terminaron financiando también el funcionamiento del equipo profesional, incluyendo contrataciones de jugadores y cuerpo técnico, además de gastos de logística, vestuario, publicidad, traslados y participación en competencias. Contraloría concluyó que no se acreditó suficientemente la ejecución de las actividades comunitarias que sustentaban esos programas.

El organismo ordenó a la Municipalidad de Illapel y a la Corporación Municipal de Deportes, CORDEP, poner término al mecanismo de financiamiento cuestionado y acreditar las medidas adoptadas dentro de un plazo de 60 días hábiles administrativos.

La fiscalización detectó además $7.135.075 pagados a nueve monitores deportivos cuyas prestaciones no fueron suficientemente acreditadas. En este caso, el municipio dispone de un plazo para presentar antecedentes que permitan respaldar los servicios realizados o gestionar el reintegro de los recursos observados. Contraloría también instruyó procedimientos destinados a establecer eventuales responsabilidades administrativas.

Los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía Local de Illapel para que el Ministerio Público determine, dentro de sus atribuciones, si los hechos detectados requieren una investigación penal. Esta derivación no significa que existan delitos o responsabilidades penales ya establecidas.

El reparo por $164,9 millones tampoco constituye por sí mismo una condena penal ni significa que ese monto haya sido declarado definitivamente como dinero perdido. Se trata de una acción fiscal que abre el procedimiento correspondiente para determinar responsabilidades y eventuales restituciones asociadas al uso de recursos públicos.

La Municipalidad de Illapel reconoció la existencia de observaciones relacionadas con procedimientos administrativos, mecanismos de control y la forma de financiamiento utilizada, pero defendió el carácter deportivo y formativo que tuvo la iniciativa. La administración comunal señaló que el proyecto permitió desarrollar actividades comunitarias y representar a Illapel en competencias nacionales, aunque deberá corregir los aspectos objetados por el organismo fiscalizador.

Respecto del futuro del equipo, el alcalde Denis Cortés reconoció que “la iniciativa como la conoce termina”, aunque abrió la posibilidad de que Illapel Básquet continúe mediante una personalidad jurídica distinta y bajo un mecanismo de colaboración que se ajuste a la normativa vigente, según informó El Illapelino.

El caso continuará ahora en distintas instancias: el municipio deberá responder las observaciones relacionadas con los monitores y modificar el modelo de financiamiento; Contraloría desarrollará los procedimientos administrativos correspondientes; y Fiscalía deberá evaluar los antecedentes que le sean remitidos para determinar si existen hechos que ameriten una investigación penal.