Contraloría respalda acciones del Alcalde de Illapel y cuestiona rechazo del Concejo Municipal a modificación presupuestaria

La Contraloría respalda al Alcalde de Illapel en la creación de una unidad municipal. Además, cuestiona el rechazo del Concejo Municipal a una modificación presupuestaria, instándolos a realizar ajustes para evitar un déficit. Se subraya que los concejales no deben condicionar su voto a las decisiones de la Contraloría.

En Illapel, la Contraloría General de la República respaldó el accionar del Alcalde en respuesta a la denuncia presentada por la concejala Janet Araya. La denuncia se centraba en la creación de la Dirección de Servicios a la Comunidad de la Municipalidad de Illapel y la asignación del cargo directivo a cargo de esta entidad. El informe emitido por el Contralor Regional, Hugo Segovia, estableció que las municipalidades tienen la facultad de crear unidades necesarias para su funcionamiento y que, hasta la fecha, no se había aprobado la creación de la mencionada unidad por parte del Concejo Municipal. Se aclaró que no existía irregularidad en la asignación de funciones a un directivo genérico, siempre y cuando estas funciones fueran dispuestas por el Alcalde.

El Alcalde Denis Cortés Aguilera se mostró satisfecho con la respuesta de la Contraloría y señaló que la reorganización de la estructura existente y la asignación de funciones a la directora de la unidad no implicaban la creación de una entidad con nuevo presupuesto o nuevos funcionarios.

En cuanto al rechazo de la modificación presupuestaria propuesta por el Concejo Municipal en la sesión del 8 de agosto, la Contraloría instó tanto al Alcalde como a los concejales a realizar las modificaciones necesarias para evitar un déficit en las unidades de Operaciones y de Aseo, Ornato y Medio Ambiente. Se subrayó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Municipalidad de Illapel, la modificación presupuestaria contaba con los respaldos y antecedentes necesarios para su aprobación.

La Contraloría también recordó a la concejala denunciante que es jurídicamente improcedente que los concejales condicionen su voto a las decisiones de este organismo de control, ya que esto impide cumplir con su deber de expresar su voluntad en los casos donde la ley requiere su acuerdo, lo cual va en contra de sus responsabilidades públicas de acuerdo con el ordenamiento jurídico.