La Fiscalía sostiene que el funcionario coordinaba el ingreso de drogas y teléfonos celulares al recinto penitenciario a cambio de pagos que podían alcanzar los $600 mil. Su defensa rechaza las acusaciones y cuestiona las pruebas presentadas.

Víctor Sánchez Fuentealba, sargento segundo de Gendarmería, es señalado por la Fiscalía Regional de Coquimbo como el presunto líder de una organización investigada por ingresar drogas y teléfonos celulares al Centro de Detención Preventiva de Illapel a cambio de dinero.

Los antecedentes fueron revelados por Reportajes T13 y forman parte de una investigación iniciada en julio de 2024, luego de una denuncia que alertó sobre una posible red de narcotráfico y corrupción que operaba desde el interior del recinto penitenciario.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la organización estaba integrada por funcionarios públicos, internos y civiles. En el exterior, algunas personas se encargaban de obtener las sustancias y coordinar las entregas, mientras que funcionarios de Gendarmería presuntamente las ingresaban al penal para su posterior distribución.

La Fiscalía atribuye a Sánchez la coordinación de los funcionarios involucrados y el ingreso de cargamentos al recinto. “Uno de los gendarmes en particular se pudo determinar que era la persona que operaba como líder de esta organización dentro de los funcionarios públicos”, explicó el fiscal Ricardo Soto.

La investigación sostiene que los pagos dependían del volumen de los elementos ingresados y podían alcanzar los $600 mil. Entre las pruebas reunidas se encuentran escuchas telefónicas en las que se abordarían depósitos, transferencias y la negociación del valor por el ingreso de un “bulto grande”.

Además de las comunicaciones y vigilancias, la Fiscalía revisó el patrimonio de los funcionarios investigados. En el caso de Víctor Sánchez, se identificó una parcela ubicada en las cercanías de Illapel que, según la hipótesis investigativa, habría sido construida con recursos provenientes de las actividades ilícitas. Este antecedente también deberá ser acreditado durante la investigación.

El operativo denominado “El Dorado” dejó 16 personas detenidas y contempló el allanamiento de 21 viviendas en Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé. Entre los detenidos se encontraban cinco funcionarios de Gendarmería, quienes fueron desvinculados de la institución.

Tras la formalización, el Juzgado de Garantía de Illapel decretó la prisión preventiva para cuatro gendarmes. Un quinto funcionario quedó con arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse con los demás imputados. El tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

La defensa de los funcionarios rechazó las imputaciones y cuestionó la existencia de una asociación criminal, argumentando que no existirían comunicaciones directas entre algunos de sus representados, internos u otros funcionarios que permitan acreditar la estructura descrita por la Fiscalía.

Los hechos continúan siendo investigados y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por los tribunales de justicia, manteniéndose vigente la presunción de inocencia de las personas imputadas.