Gobernador de Choapa se querelló contra concejal de Illapel por desórdenes públicos

Si bien Fabián Olivares eliminó de su cuenta en Facebook, la publicación donde propuso la medida, el Gobernador tendría otras pruebas para acreditar la responsabilidad penal del concejal en el delito.

Este lunes, el Gobernador Juan Pablo Gálvez Lillo presentó una querella criminal contra el concejal de Illapel Fabián Olivares Hidalgo, por el delito de desórdenes públicos.

La acción judicial busca acreditar la responsabilidad penal de Olivares, en el bloqueo de la ruta D-85 (Los Vilos – Illapel), frente a Cuz Cuz, la tarde del pasado jueves 26 de marzo. Pide, se aplique al responsable “el máximo rigor que contempla la ley penal en la materia, con costas“.

Gálvez Lillo relata que esa tarde recibió información vía WhatsApp, sobre la planificación de Olivares, para generar desórdenes públicos. “Se estaba organizando una manifestación violenta, la cual correspondía a bloquear el acceso a la comuna de Illapel, como así mismo tomar el Aeródromo de la comuna y rociar este con aceite, todo basado en la demanda de mayor control sanitario en relación a la prevención del COVID-19″.

Fabián Olivares publicó la tarde de ese jueves 26 de marzo, en Facebook, un abierto llamado a cerrar la entrada de Illapel. “Qué pasa si nos unimos con todas las medidas de protección y cerramos la entrada de nuestro Illapel por la fuerza, aunque sé que [por] este llamado me podrían sancionar“. Sin embargo, borró la publicación.

Pero Gálvez Lillo tendría otras pruebas: audios, fotografías y videos. “Recepcioné diversos mensajes de audio en el cual se puede escuchar al concejal incitando a los manifestantes. […] Recepcioné fotografías y videos que dan fe de las barricadas incendiarias organizadas por el concejal”, sostiene la máxima autoridad de la Provincia en su escrito.

En los próximos días, el Juzgado de Garantía de Illapel deberá informar si declara o no admisible la querella contra Fabián Olivares, como presunto autor del delito de desórdenes públicos. Si se admite, el Ministerio Público dará instrucciones a la Policía de Investigaciones y Carabineros, para acreditar o descartar la responsabilidad penal de la autoridad local de Illapel.

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